La política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales
mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos
básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema
económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentas las políticas sociales que
permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de
oportunidades.
Por ello, son extremadamente peligrosas las propuestas de reducciones de impuestos o
las manifestaciones contrarias a las contribuciones públicas.
Por el contrario, es necesario una suficiencia del sistema que garantice la estabilidad del
conjunto de inversión y gasto público sobre el que sustenta el modelo de Estado de
bienestar de nuestro país, de tal forma que las políticas sociales queden aseguradas a
corto, medio y largo plazo.
El debate no es subir o bajar impuestos, sino reducir los privilegios que disfrutan
determinadas rentas, patrimonios y actividades. Sin perjuicio de las mejoras en el control
de eficiencia del gasto público.
En aras de conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria
suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como
corregir la desigualdad, las organizaciones firmantes que formamos parte de la sociedad
civil, pedimos a los partidos políticos que incorporen las siguientes medidas en sus
programas electorales:
1 Priorizar el objetivo de que los ultrarricos contribuyan en una proporción
mucho mayor a la actual, de acuerdo con su elevada capacidad de pago.
- Revisar el impuesto del patrimonio para que cumpla su función de impuesto redistributivo
y contribuya a reducir las desigualdades. Restringir el concepto de patrimonio profesional o
empresarial y de las participaciones en entidades, así como corregir al alza de forma
progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que generan desigualdades entre
contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas. - Revisar y armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, introduciendo un
impuesto sobre las grandes herencias, similar al que se ha implantado para las grandes
fortunas. - Implantar impuestos sobre el consumo suntuario especialmente contaminante.
- Suprimir beneficios y bonificaciones fiscales de efecto regresivo y escasa justificación
social. - Reformar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a
la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras
especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere. - Generalizar la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean “caídos del cielo” por
factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder
monopolístico en mercados de escasa competencia.
2 Incrementar la equidad y progresividad del sistema.
- Equiparar el tratamiento fiscal de las rentas trabajo y las rentas de capital, aumentando la
recaudación derivada de los rendimientos de capital. - Revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda,
de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la
inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el
crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de
alquiler asequible. - Impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan
las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades
Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales
como educación, sanidad, dependencia o vivienda. - Intensificar el uso de la denominada «imposición verde» hasta igualar su importancia con
la media de los países europeos, por su doble objetivo recaudatorio y ambiental. Este
proceso debe ir acompañado de medidas compensatorias para los sectores y colectivos
más vulnerables que se vean especialmente perjudicados.
3 Avanzar en la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, es preciso:
- aumentar y reorganizar la dotación de medios humanos y técnicos de la Agencia
Tributaria para que pueda cumplir con su cometido. - potenciar la educación tributaria.
- desde una perspectiva internacional, profundizar en la cooperación con el resto de los
países, especialmente los pertenecientes a la Unión Europea, para evitar la evasión y la
elusión fiscal. - incluir en la legislación española una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales y
el establecimiento de sanciones eficaces.
Defendemos avances en todos los aspectos anteriores para mejorar la equidad,
progresividad y suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay
justicia social.