En el año 2015, 15 organizaciones de la sociedad civil crean la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Actualmente, la conforman 20 entidades.
El objetivo de la Plataforma es incidir sobre el cobro y la distribución de los impuestos en España, consciente de que la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico.
El sistema fiscal ha de garantizar la estabilidad del conjunto de inversión y gasto público sobre el que sustenta el modelo de Estado de bienestar de nuestro país, de tal forma que las políticas sociales queden aseguradas a corto, medio y largo plazo.
Hablar de «justicia fiscal» implica que el modo en que se recaudan los impuestos, los principales ingresos del Estado, tiene que ayudar a corregir las desigualdades.
Cuanto mayor sea la capacidad económica, más se tiene que contribuir.
Sin ingresos suficientes, no hay garantía para los derechos que la Constitución española reconoce.
A igual capacidad económica, la contribución tributaria ha de ser la misma.
El principio de progresividad, junto con el de igualdad, están recogidos expresamente en el artículo 31 de la Constitución Española (el principio de suficiencia debe considerarse implícito en el texto, dada su necesidad para el mantenimiento del Estado de bienestar):
