Con motivo de las próximas citas electorales, la Plataforma por la Justicia Fiscal, que engloba a gran parte de las organizaciones sociales del Estado y a los principales sindicatos , ha enviado a los partidos políticos una propuesta de Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal, para que se comprometan en los actuales programas y se haga frente, en la próxima legislatura a un grave problema que está detrás de la enorme desigualdad social que sufrimos en España (hay que
recordar que España es el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad social). España recauda casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que la media de la eurozona. De equipararnos a la UE, las arcas públicas dispondrían de unos ingresos adicionales de 80.000 millones de euros, un 20% más de ingresos que los que obtiene en la actualidad.
Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal consideramos que, tal y como está diseñado, nuestro modelo fiscal no garantiza derechos e incumple los principios constitucionales de igualdad y progresividad. Para avanzar en medidas de justicia fiscal que
aseguren la justicia social por la que los partidos políticos deberían trabajar, reclamamos:
1. Un plan de acción urgente contra la evasión y la elusión fiscal que cuente con un marco parlamentario y que permita romper con el déficit recaudatorio en cinco años.
2. Una lista negra objetiva y ambiciosa de paraísos fiscales que incluya todas las jurisdicciones de baja o nula tributación para poner fin a su utilización.
3. Medidas de apoyo y protección para los denunciantes en la lucha contra el fraude fiscal.
4. El compromiso de que empresas y personas que no cumplen con criterios fiscalmente responsables no puedan beneficiarse de la contratación pública.
5. La internacionalización de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con el impulso de procesos internacionales ambiciosos.
6. Medidas que garanticen la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibilitan la elusión y evasión fiscal.
7. El fortalecimiento de medios y recursos de la Agencia Tributaria para las tareas de inspección y control del gran fraude fiscal.
8. La reorganización de la AEAT revisando las tareas de inspección y coordinando las bases de datos con los de las Comunidades Autónomas
9. La convocatoria de una gran conferencia de coordinación contra el fraude fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del Gobierno, junto con actores sociales y expertos.