Proteger y apoyar el trabajo de los denunciantes de fraude fiscal es es imprescindible para la lucha contra el fraude. Hay que velar por la seguridad de estas personas y su servicio a la ciudadanía.
La Plataforma por la Justicia Fiscal considera positiva la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala una anterior del Tribunal Supremo, sobre la validez y uso de la documentación aportada por Hervé Falciani -unas 130.000 cuentas bancarias y sus propietarios en la filial suiza del HSBC- que han servido para destapar fraudes fiscales de esas personas y entidades de varios países europeos, entre ellos en España. Según la Agencia Tributaria, el monto defraudado se eleva a más de 250 millones de euros.
La Plataforma por la Justicia Fiscal presentó a todos los partidos políticos antes de las elecciones de abril una propuesta de Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal que en su punto tercero, decía: Medidas de apoyo y protección para los denunciantes en la lucha contra el fraude fiscal.
La Plataforma por la Justicia Fiscal considera que esta medida es imprescindible para la lucha contra el fraude y hay que velar por la seguridad de estas personas y su servicio a la ciudadanía.
Los otros puntos de ese Pacto, registrado en el Congreso de los Diputados, son:
1. Un plan de acción urgente contra la evasión y la elusión fiscal que cuente con un marco parlamentario y que permita romper con el déficit recaudatorio en cinco años.
2. Una lista negra objetiva y ambiciosa de paraísos fiscales que incluya todas las jurisdicciones de baja o nula tributación para poner fin a su utilización.
3. Medidas de apoyo y protección para los denunciantes en la lucha contra el fraude fiscal.
4. El compromiso de que empresas y personas que no cumplen con criterios fiscalmente responsables no puedan beneficiarse de la contratación pública.
5. La internacionalización de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con el impulso de procesos internacionales ambiciosos.
6. Medidas que garanticen la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibilitan la elusión y evasión fiscal
7. El fortalecimiento de medios y recursos de la Agencia Tributaria para las tareas de inspección y control del gran fraude fiscal.
8. La reorganización de la AEAT revisando las tareas de inspección y coordinando las bases de datos con los de las Comunidades Autónomas
9. La convocatoria de una gran conferencia de coordinación contra el fraude fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del Gobierno, junto con actores sociales y expertos.
España recauda casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que la media de la eurozona. Esa menor presión fiscal es debida, en parte, al fraude y elusión fiscal que, en su mayoría, cometen las grandes fortunas y empresas multinacionales. De equipararnos a la UE, las arcas públicas dispondrían de unos ingresos adicionales de 80.000 millones de euros, un 20% más de ingresos que los que obtiene en la actualidad.
Hervé Falciani fue invitado a un acto por la Plataforma por la Justicia Fiscal el año pasado y no pudo hacerlo tras ser detenido por una orden de extradición de las autoridades suizas por revelación de secretos. Afortunadamente, la justicia española no consideró que fuera válida esa orden.