Los exámenes de acceso a la Universidad (PAU) que tienen lugar a partir del 30 de junio en la Comunidad de Madrid llevan a reflexionar sobre lo que representan estas importantes pruebas para alumnos y familias. El acceso a la universidad pública se está convirtiendo en una carrera cada vez más difícil para los estudiantes con menos recursos.
Mientras crece el número de jóvenes que aspiran a cursar estudios universitarios, la oferta pública no aumenta al mismo ritmo y una parte cada vez mayor de la demanda termina desplazándose hacia universidades privadas. Esta evolución no solo transforma el sistema universitario español, sino que también amenaza una de las funciones esenciales de la universidad pública: garantizar la igualdad de oportunidades y actuar como ascensor social para las clases trabajadoras y las familias con menor renta.
La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 14 universidades privadas frente a seis públicas. Entre estas últimas, no se ha fundado ninguna nueva desde la Universidad Rey Juan Carlos, creada hace 30 años, en 1996. Tampoco existe previsión de inaugurar ninguna más. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene en marcha otras tres iniciativas privadas, pese a contar con un informe contrario de la Conferencia General de Política Universitaria. Las facultades públicas matriculan hoy a 400 estudiantes menos que hace una década, mientras que las privadas han incorporado 1.200 alumnos más, una cifra que continúa aumentando.
La falta de plazas en la universidad pública es el principal motivo de que, en una década, entre 2016 y 2025, la nota media de admisión haya subido casi un punto y medio, pasando de 8,67 a 10,14 sobre 14. El aumento de las notas de corte complica el acceso a la universidad pública, especialmente a los estudiantes de menor nivel socioeconómico, que tienen más dificultades para alcanzar resultados académicos sobresalientes. Por ejemplo, el informe PISA 2022 indica que la diferencia de rendimiento en matemáticas entre el alumnado español de mayor y menor nivel socioeconómico es de 86 puntos, lo que equivale al menos a una brecha de alrededor de dos cursos escolares.
Hay que añadir que muchas de las familias más desfavorecidas no pueden permitirse pagar entre 6.000 y 23.000 euros al año, por un título de grado en una universidad privada. La consecuencia es que los jóvenes de barrios ricos tienen cuatro veces más probabilidades de ir a la universidad que los de barrios pobres: un 64% frente a un 15%.
Para que la universidad pública siga siendo una herramienta real de igualdad de oportunidades, es imprescindible ampliar las plazas públicas y reforzar su financiación. Cuando estudiantes con capacidad y esfuerzo quedan fuera por falta de plazas o por no poder pagar una universidad privada, no solo se produce una injusticia individual: también la sociedad pierde talento. Además, esta situación contradice la meritocracia, porque las oportunidades dependen cada vez más de la renta familiar y no solo del mérito.
El presupuesto para 2026 de las universidades públicas de Madrid, se incrementa en 75,3 millones de euros (con relación a 2025), un 6,46% (Los PGCM para 2026 tienen un incremento medio del 6,98%). Se debe señalar que una parte importante de esta cantidad (al menos 15 millones) procede de otros conceptos que la Comunidad debía abonar en 2025 a las universidades y que se incorporan al presupuesto para el año 2026.
Del análisis de los sucesivos presupuestos de la Comunidad de Madrid para financiar sus Universidades públicas, se concluye la infrafinanciación de las mismas, no atendiendo a las necesidades reales y, en consecuencia, muy lejos de poder ofrecer la calidad que debería. Esta infrafinanciación, se produce de manera simultánea a la exoneración que la Comunidad de Madrid practica respecto a las capas sociales más privilegiadas económicamente, muy especialmente a través de los impuestos cedidos de Patrimonio (a partir de 2008 bonificación 100% cuota a pagar, hasta 2023 por aplicación de la Ley estatal del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas) y Sucesiones y Donaciones (Para herencias y donaciones entre padres e hijos, cónyuges y parejas de hecho, la bonificación es del 99% de la cuota). La pérdida de recaudación por las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid supera los 2.000 millones de euros anuales.