La población en riesgo de exclusión social alcanza cifras que nos sitúan entre las naciones europeas con índices más preocupantes

Gran parte de la población española no ha percibido que la crisis haya remitido y no ha recuperado niveles básicos de bienestar alcanzados antes de su comienzo. La población en riesgo de exclusión social alcanza cifras que nos sitúan entre las naciones europeas con índices más preocupantes, especialmente entre menores y jóvenes: un tercio en riesgo de exclusión social.

Es evidente que las políticas sociales son manifiestamente insuficientes y necesitan más recursos para, al menos, recuperar los niveles perdidos tras años de recortes. Por ello, las promesas de reducción de impuestos a los más ricos ha de entenderse como un doble atentado a las exigencias de la más elemental justicia y a la garantía de derechos básicos de ciudadanía.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas constatamos con especial preocupación la ofensiva en contra del Impuesto sobre sucesiones y donaciones  con argumentos demagógicos e inconsistentes. El uso de los impuestos sobre sucesiones resulta menos distorsionador y menos perjudicial para el crecimiento que otros impuestos, elimina privilegios y favorece el camino hacia la igualdad de oportunidades.

El impuesto de sucesiones debe ir acompañado de una serie de mínimos exentos y desgravaciones para los familiares más directos  que no castigue a las pequeñas herencias, pero debe asegurar su acción sobre la riqueza elevada. Un impuesto sobre sucesiones justo es compatible con la exención para la mayor parte de la población. La propia OCDE llama a las Administraciones Públicas españolas a revisar los beneficios en el impuesto sobre sucesiones concedidas a los más ricos.

El impuesto sobre el patrimonio debe tener un uso redistributivo, con mínimos exentos del impuesto lo suficientemente altos como para no afectar a la mayor parte de las familias.En el ámbito municipal, debe replantearse el IBI desde una perspectiva de progresividad, reduciéndolo para personas con necesidad, contribuyendo a reducir la brecha de género y revisando exenciones injustificadas.

Por ello, exigimos a todas las candidaturas que deseen nuestro voto un compromiso claro

Ø  en favor de la adecuada dotación y ejecución total de los presupuestos para las políticas sociales y la igualdad, la lucha contra la pobreza y en defensa del medio ambiente, y para la educación y la sanidad públicas.

Ø  en contra de la reducción de impuestos a los ricos y en favor de la eliminación de beneficios y desgravaciones injustificados que favorecen fundamentalmente a los más potentados.

Ø  en favor de que los impuestos de sucesiones y de patrimonio actúen en favor de la justicia y la igualdad de oportunidades, con exenciones a las pequeñas herencias y patrimonios de la mayor parte de las familias, pero nunca a las grandes fortunas.

Ø  en favor de declararse zonas libres de paraísos fiscales.

Igualmente, consideramos que es necesario trabajar en la mejora del conocimiento sobre los problemas derivados de la falta de inversión social y la insuficiencia de los tributos para afrontar dicha inversión por causa de los privilegios de los más ricos.

La educación cívico-tributaria es fundamental para la sensibilización fiscal, de forma que transmita valores en línea con la responsabilidad fiscal, mostrando las consecuencias que el fraude tiene para los derechos de la ciudadanía. Por ello, exigimos que el sistema educativo en todos sus niveles contribuya a la concienciación de la ciudadanía en esta materia.