En los últimos años un grupo de organizaciones sociales, de cooperación para el desarrollo, sindicales y ecologistas hemos pedido al gobierno una reforma fiscal progresiva y verde para salir del marco de la denominada austeridad 2.0 impuesto por las nuevas reglas fiscales europeas y avanzar hacia un marco de responsabilidad fiscal del dinero público para una economía más justa y resiliente al servicio de las personas y el planeta. Es fundamental que los compromisos derivados del plan fiscal estructural enviado el 15 de octubre 2024 por el Gobierno a la Comisión Europea se desarrollen garantizando el espacio fiscal necesario para una transición ecológica justa y los derechos sociales. 

España sigue por debajo de la media europea en presión fiscal del 36,8% frente al 41,7%-. Es decir, existe un amplio margen para tener una fiscalidad más justa, aumentar la progresividad de impuestos de la renta, el capital y el patrimonio, y cerrar de manera permanente los agujeros de la fiscalidad corporativa. Asimismo, es fundamental salir del pelotón de cola de la fiscalidad verde – los impuestos verdes alcanzan solo un 1,5% del PIB frente al 2% de la media de la UE -. Es momento de sacar del cajón el Libro blanco de la reforma fiscal y avanzar en medidas que concilien el “final del mundo” con el “final de mes”.

En este sentido hay diez medidas urgentes para una reforma fiscal con foco en el bienestar colectivo: 

  1. Dar un paso más allá sobre la tributación temporal sobre beneficios extraordinarios a la banca y empresas energéticas y definir un impuesto permanente para gravar dichos “beneficios caídos del cielo”, motivado principalmente por las posiciones de poder monopolístico, en sectores estratégicos donde el poder de los grandes oligopolios detrae rentas de la ciudadanía de manera estructural y compromete el bienestar de la mayoría. 
  2. Reformar el Impuesto de Sociedades, poner fin a la transferencia de beneficios corporativos a las guaridas fiscales y limitar las múltiples deducciones y bonificaciones de las que se benefician las grandes empresas. 
  3. Acabar con los privilegios del régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) y de las sociedades de inversión como las de capital variable (SICAV) o de Inversión Libre (SIL), que fomentan la financiarización de la vivienda y de las tierras agrícolas perjudicando el bienestar colectivo y representan un privilegio regresivo en favor de grandes patrimonios.
  4. Impuesto a ultraricos, vía modificación y refuerzo del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas y en línea con la propuesta “Zucman” que se está negociando en el G20 con el liderazgo de Brasil, el apoyo del Gobierno de España y el clamor de la más ciudadanía. En España hay aproximadamente 27 milmillonarios y 852 personas con un patrimonio de más de 30 millones de euros.    
  5. Un impuesto al lujo por daños ambientales a jets, yates, SUVs, etc. En términos de emisiones per cápita, una persona del 1% más rico contamina 17 veces que una persona de la mitad de la población con menores ingresos. Un vuelo en jet privado contamina 10 veces más que el equivalente en un vuelo comercial ordinario y quien lo usa emite casi lo mismo que una persona europea de media durante un año.   
  6. Gravar mejor las rentas altas: aumento de la progresividad del IRPF y del impuesto del patrimonio, con foco especial en los tramos más elevados de renta, acabando con el trato favorable del capital financiero respecto a las rentas del trabajo y suprimiendo beneficios fiscales de carácter regresivo. Establecimiento de un tipo mínimo común del impuesto de sucesiones y donaciones entre las diferentes comunidades autónomas.   
  7. Impuesto progresivo a propietarios viviendas vacías según el número de propiedades, subida del IVA para pisos turísticos y prórroga y ampliación por tres años de la bonificación en el IRPF por mejoras de rehabilitación energética en la vivienda habitual – como aislamientos e instalación de sistemas basados en energías renovables, autoconsumo individual o colectivo -. 
  8. Revisar en verde y de manera justa la fiscalidad en el transporte que es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero: acabar con la amnistía fiscal del queroseno que favorece a las compañías aéreas – 4.610 millones de euros de exenciones en 2022 – y aumentar la progresividad del impuesto de matriculación en los nuevos vehículos de combustión. Al mismo tiempo, prolongar un año más las ayudas al transporte público, medida que ha contribuido a reducir emisiones e incrementar su uso. En 2026 debería estar disponible un abono único de transporte con tarifa plana a un precio asequible para todo el territorio. 
  9. Establecer un IVA progresivo de la electricidad según niveles de consumo per cápita, empezando en 0% para los consumos inferiores y para el autoconsumo y subiendo de manera progresiva en los tramos altos hasta el 16%. Reducir el IVA de los alimentos ecológicos, saludables y de proximidad. 
  10. Elaborar una verdadera lista de guaridas fiscales y aumentar las capacidades y recursos para luchar contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva, especialmente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, y aumentar las plantillas de la Agencia Tributaria, Haciendas Forales y Agencias y Servicios tributarios autonómicos para alcanzar la media ponderada de las administraciones tributarias europeas. El escaqueo fiscal de las élites en España es de 130 mil millones de euros al año, suficiente para doblar los recursos de la acción climática. 

Un mayor espacio fiscal implica una mayor responsabilidad y exigencia en el uso del gasto público y su contribución eficaz al bienestar de la ciudadanía. Por ello es fundamental que los recursos recaudados sirvan efectivamente para reforzar una transición ecológica justa y democrática y garantizar políticas públicas en derechos fundamentales de las personas como el acceso a servicios públicos de calidad en sanidad y educación pública, protección social, vivienda, acogida e inclusión, vida libre de violencias, agua y energía limpia, transporte público y alimentación sana. Se deben incentivar las inversiones públicas que reduzcan las desigualdades, que fomenten una cooperación internacional, mejoren las condiciones laborales (productivas y reproductivas) y refuercen los derechos recogidos en la Carta Social Europea. 

España necesita urgentemente una reforma fiscal justa y verde que elimine los privilegios fiscales de las élites y democratice la economía en favor de la ciudadanía y las futuras generaciones.

El momento es ahora. 

Organizaciones promotoras:

Amigos de la Tierra, Acción Verapaz, AIETI, Asufin, Audita Sanidad, Comisiones Obreras, Federación de Consumidores y Usuarios, Consejo General de la Juventud, CEPAIM, CAONGD, ONGD, Ecologistas en Acción, Economistas sin Fronteras, Espai Zero Vuit, FETS, Fundació Europace, Fundación Savia, Futuro en Común, Greenpeace, Médicos Mundi, Observatori DESCA, ODG, JPIC, ONGAWA,Oscarte, Plataforma por la Justicia Fiscal, Nuevo Modelo Energético, Political Watch, Provivienda, Reas, Red de ONGD de Madrid, Revo, UGT, USO, Extintion Rebellion Málaga,

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-propone-la-creacion-de-t-lleva-un-abono-unico-de-transporte-para-moverse-de-forma-sostenible-por-todo-el-pais